10 ocasiones en las que contar con un abogado de empresa

Cuando uno o varios emprendedores se plantean iniciar su proyecto empresarial, son muchos los aspectos, reuniones, ideas, documentos y horas que emplean tanto en el lanzamiento inicial como en la gestión de los primeros meses de actividad.

En estos casos, si bien surgen algunas dudas de carácter legal —una de las más habituales es la forma jurídica bajo la que van a trabajar—, lo que más suele preocupar a los socios fundadores no son los aspectos legales relacionados con su negocio. Y son muchos.

Podría pensarse (y probablemente es cierto) que lo más importante son las cuestiones relacionadas con el producto o servicio, el marketing, los primeros clientes, la página web, la financiación, el reparto de tareas… y así un sinfín de cuestiones anteriores a las puramente jurídicas, que quedan habitualmente relegadas a un momento más oportuno en el que haya más tiempo y, sobre todo, presupuesto.

La cuestión es: ¿es acertado retrasar la contratación de servicios legales para mi startup cuando apenas estoy empezando? ¿Realmente se asume un riesgo por no cumplir con determinadas normas desde el principio?

La respuesta que algunos querrían leer es que probablemente no pase nada. Lo cierto es que no es así. Quizás algunas cuestiones jurídicas podrían tratarse en un momento más maduro de la empresa, pero hay muchos otros aspectos que deben estar claros desde el principio.

1. Forma jurídica. Es posible iniciar la actividad en régimen de autónomos sin constituir sociedad mercantil, y a veces será lo más aconsejable. No obstante, conviene conocer desde el principio los pros y contras de cada forma jurídica: no contar con una sociedad puede ocasionar problemas de responsabilidad patrimonial, excluir determinadas subvenciones o préstamos, etc. Siempre será más sencillo iniciar bien que modificar la fórmula más adelante (titularidad del negocio, problemas con socios, inversión de terceros, fiscalidad).

2. Contratos con proveedores. Sin asesoramiento legal, es habitual que sea el proveedor quien facilite los documentos contractuales. El emprendedor opta entonces por firmar sin atender a las condiciones o por analizar él mismo el clausulado; ambas prácticas conllevan riesgos evitables. Piensa en el encargo de desarrollo de una página web: ¿de quién es la titularidad del desarrollo? ¿Se establece plazo de entrega? ¿Hay periodo de pruebas? ¿Quién contrata el dominio y a nombre de quién?

3. Contratos con clientes. Todo negocio debe contar con un documento básico frente a sus clientes: hoja de encargo, condiciones de pedido, clausulado de un servicio web… En todo caso deben regularse los aspectos esenciales para que las partes conozcan las condiciones de la transacción. Además de lo legal, otorga un plus de credibilidad al negocio.

4. Relación con inversores. El momento en que un inversor (habitualmente Business Angel o FFF en etapa inicial) anuncia su disposición a aportar fondos es un hito importante. A menudo el equipo promotor no presta atención a las condiciones de la inversión, o ambas partes restan importancia a su formalización. Los problemas vienen después, tanto si la empresa va bien como si no: ¿puede el inversor obligar a vender ante una oferta de compra? ¿Tiene el emprendedor que dedicarse al 100%? ¿Qué ocurre si un socio deja de trabajar en la empresa?

5. Protección de datos personales. De obligado cumplimiento para cualquier negocio que trate datos personales. Aunque pueda parecer improbable una inspección de oficio a una empresa recién constituida, no debe olvidarse que pueden producirse denuncias. También el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica debe cuidarse especialmente para evitar sanciones —por no hablar de la mala imagen ante clientes y proveedores.

6. Propiedad industrial. Sin entrar en la conveniencia de registrar patentes o modelos de utilidad, nos referimos en particular al registro de marcas. No es obligatorio, pero el equipo promotor debe valorar el riesgo de arrancar sin una protección adecuada.

7. Propiedad intelectual. Uno de los aspectos más olvidados al iniciar un proyecto. Existe numerosa casuística sobre derechos de autor de desarrollos de software, encargos a terceros o incluso cuando son los propios socios los autores. Regularlo desde el principio evita perjuicios económicos graves.

8. Aspectos laborales. Aquí suele haber poca discusión: los emprendedores acuden a profesionales para los contratos de trabajo. No debe olvidarse que, aunque no se contrate a terceros, si algunos socios trabajan en la sociedad también aplica la normativa laboral.

9. Relaciones entre los socios. Siempre hay ilusión y confianza al comienzo, pero cualquier actividad emprendida entre varios debe contar con reglas de juego claras desde el principio: participación en beneficios y pérdidas, dedicación de cada uno, escenarios de salida, qué hacer en caso de empate en las votaciones. Un buen pacto de socios no garantiza armonía eterna, pero al menos cada uno sabrá a qué atenerse.

10. Aspectos legales derivados de la propia actividad. Sobre todo en desarrollos innovadores o productos novedosos, hay que conocer la normativa aplicable para ejercer la actividad. ¿Hay regulación sobre el uso de drones antes de lanzar mi empresa de fotografía aérea? ¿Está el juego online regulado en España? Imagina poner en marcha el negocio, desarrollar el producto, captar inversión y asumir los gastos de lanzamiento para descubrir a las primeras de cambio que no puedes operar por falta de permisos especiales.

Todo lo anterior tiene un coste (en ocasiones menor de lo que a priori parece) y los recursos suelen ser escasos. Ahora bien, debería valorarse qué coste es mayor: el esfuerzo inicial de armar bien los cimientos con asesoramiento profesional, o el de arreglar el desastre cuando muchas veces ya no tiene arreglo.